Sobre efecto internacional Declaración Independencia Cataluña (DUI)

Hoy escribo en El Correo y en Diario Vasco sobre el recorrido o efecto internacional que, a mi juicio, tendría una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que se anunciase hoy en el Parlamento de Cataluña.

  

He dudado mucho si pronunciarme al respecto. A muchos amigos no les va a gustar lo que digo. Incluso hay cosas que quizá les molesten. Siempre es más fácil o más cómodo mantener un discreto silencio cuando se trata de temas tan sensibles y cuando, como es mi caso, tengo buenos amigos, a los que quiero y admiro, en ambos lados de esta historia.


Pero aún así me he decidido a publicar por razones de honestidad, de responsabilidad y tal vez también de ejercicio de la libertad.


En este artículo no quiero colocarme en ninguna trinchera o bajo ninguna bandera, sea del color que sea. No defiendo lo que debería ser a mi juicio el Derecho Internacional o lo que me gustaría que fuera. No me manifiesto ni satisfecho ni insatisfecho. Lo que procuro es compartir cómo veo yo que las cosas son en el mundo de hoy. Y sobre esa base, a partir del principio de realidad, es que creo que cualquiera debe trabajar sus legítimas demandas, posiciones, aspiraciones, propuestas o sueños. A los políticos -y muy especialmente a los cargos públicos- creo que se les debe exigir algo más: cuando menos no dañar.


Pero basta de explicaciones y prolegómenos. El artículo es éste:


Sobre los efectos internacionales de la DUI


El primer párrafo de la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya se remite como fundamento al Derecho de Autodeterminación consagrado en los Pactos de Derechos Humanos de 1966 y a la Carta de la ONU. Este domingo, sin embargo, Josep Borrell en su discurso en Barcelona decía en sentido contrario que: «no se puede creer a los que dicen que el Derecho Internacional está de su lado, porque no es verdad, no está de su lado». ¿En qué quedamos? ¿Una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que eventualmente se proclamara hoy contaría con alguna legitimidad o reconocimiento internacionales? ¿Tiene algún recorrido jurídico institucional internacional en las presentes circunstancias?
Trataré de dar una opinión que es personal, pero que no quiere resultar partidista. No quiero apoyar a unos ni a otros. Únicamente responder a las preguntas referidas, con obvio margen de error, lo más objetiva y desapasionadamente que pueda. Estas semanas me ha tocado trabajar en la sede de la ONU en Ginebra. El lunes pasado los diarios internacionales informaban en portada. «Cientos de heridos», titulaba Financial Times. «La violencia aumenta la brecha entre Cataluña y España», según 'Le Figaro'. «Violencia y caos en Cataluña», decía 'Le Temps'. Se veían impactantes fotos.
Si alguien en el Gobierno español se había propuesto evitar la internacionalización del proceso, se había cubierto de gloria. La internacionalización que las autoridades catalanas no habían logrado hasta la fecha se veía multiplicada gracias a esas imágenes. La comunidad internacional, que hasta entonces había mostrado en general una discreta indiferencia, de pronto parecía afectada. Ese lunes todo el que se me acercaba en la sede de la ONU, fuera ruso, indonesio o jordano, me preguntaba por Cataluña. La sensación era de sorpresa e incredulidad.
Pero por mucho que las portadas crearan un momento de simpatía, las posiciones de la UE y de la ONU no cambiaron ese lunes y no van a cambiar esta semana. La UE seguirá mostrándose contraria a cualquier proceso que no sea acordado con el Estado miembro implicado, en este caso España. Una DUI hoy encontraría a la UE enfrente. Si quiere entrar en el club, la UE exigirá a Cataluña ponerse a la cola de entrada, pagar algunos platos rotos y someterse a los criterios que establezcan los estados, España y Francia especialmente.
Los defensores del proceso catalán podrán recibir muestras de solidaridad de algunos eurodiputados de las tendencias más variadas (incluidos algunos peligrosos amigos de extrema derecha y euroescépticos). Obtendrán alguna declaración comprensiva de autoridades de rango medio y numerosos llamamientos genéricos al diálogo, la tolerancia y la negociación, pero no un apoyo institucional de un Estado y mucho menos de la Unión en su conjunto.
En la ONU pasará algo parecido. El Alto Comisionado se interesa para que las respuestas policiales se atengan a los principios de los derechos humanos, como debe hacerlo en cualquier circunstancia, pero no puede hacer juicio alguno sobre el proceso de fondo. Los principios de la ONU no están en juego en el caso catalán. Se podrán encontrar, entre las distintos expertos de la ONU, uno o dos versos sueltos que den declaraciones vistosas, pero el caso no recoge las condiciones para ser sujeto del derecho de autodeterminación reconocido en los pactos del 66 como fundamento de una DUI. Tampoco vive Cataluña un proceso de negación masiva, sistemática y grave de derechos humanos o un sometimiento político o cultural violento tal que «se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión» o a algún tipo de secesión. Ningún órgano de la ONU, y menos la Corte Internacional de Justicia, aceptaría tal interpretación.
La DUI no se puede apoyar ni en el derecho europeo ni en el internacional. No se puede decir que esto no pasa en ningún otro país europeo, que es inaudito: no creo que sea verdad. Ni siquiera la idealizada Confederación Helvética permitiría una solución a la catalana, sino una que pasara por la modificación constitucional pactada, con votación en todo el territorio suizo con doble mayoría, de cantones y de población.
El DUI no tendría recorrido o reconocimiento internacional. No hay forma en el mundo real de escapar a la necesidad de buscar fórmulas innovadoras si de lo que se trata es de negociar elementos de soberanía. Y digo elementos de soberanía porque la soberanía absoluta clásica ya no existe en nuestro entorno. Las soberanías son ya varias, superpuestas y simultáneas. Quizá asumir este hecho ayudaría en un futuro diálogo, rebajando símbolos y emociones por ambas partes, y facilitando acuerdos dignos para todos y respetuosos con las normas, los derechos y las libertades de todos. La paz social y la convivencia exigen respeto a las normas, cierto, pero también cauces de cambio reales, no solo formales, cuando la demanda social es fuerte. Pero, de nuevo, esos cauces solo pueden darse en el marco de los principios aceptados por la comunidad internacional. Me temo que, nos guste o no, engañarnos sobre este punto conlleva consecuencias políticas, económicas y sociales muy graves. Las estamos viendo.